El 13% de las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años usuarias de internet en México sufrió en un periodo de un año algún tipo de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología, proporción que equivale a aproximadamente 1.6 millones de personas afectadas en ese lapso, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El informe Disrupting Harm en México, publicado en junio de 2026 por Unicef junto a ECPAT —una red global de organizaciones de la sociedad civil dedicada a erradicar todas las formas de explotación sexual infantil— y la Interpol, precisa que la recolección de datos, llevada a cabo entre junio y diciembre de 2024, combinó metodologías cuantitativas y cualitativas que incluyeron encuestas nacionales de hogares y entrevistas con profesionales de la justicia, personal de primera línea y jóvenes sobrevivientes en los estados de Morelos y Nayarit.
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Entornos cotidianos y plataformas digitales
De acuerdo con los hallazgos demográficos de la encuesta, la violencia sexual digital no proviene mayoritariamente de personas desconocidas. En el 64% de los incidentes registrados, las víctimas ya conocían al agresor, identificándose como amistades en el 29% de los casos, parejas en el 19% o familiares en el 16%.
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Además, en el 39% de las situaciones, el primer encuentro físico entre el menor y el perpetrador ocurrió en la escuela, mientras que el 31% se originó directamente en Internet.
Respecto a las herramientas utilizadas para cometer las agresiones, el 63% de los casos se produjo a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. Las plataformas digitales propiedad de la empresa Meta concentraron la mayor cantidad de reportes, siendo Facebook la más común con un 52%, seguida por WhatsApp con un 45% e Instagram con un 11%.
Por su parte, los profesionales entrevistados identificaron que los videojuegos en línea también funcionan como espacios de captación inicial. La forma más recurrente de este delito fue la exposición no deseada a imágenes sexuales, reportada por el 7% de las personas encuestadas. Asimismo, el 47% de las víctimas fue objeto de al menos dos formas de abuso y explotación de manera simultánea.
Más de un millón y medio de menores en México sufren violencia sexual digital, revela informe de Unicef
El informe señala que la mayoría de agresores son personas conocidas y que redes sociales concentran los casos. Foto: AFP
Afectaciones a la salud mental y revictimización institucional
El estudio midió el impacto social y psicológico de la violencia sexual digital en la población afectada y detectó una correlación con el deterioro de la salud mental.
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Los menores que sufrieron estos daños presentaron 15 veces más probabilidades de autolesionarse y 12 veces más de manifestar pensamientos y conductas suicidas en comparación con quienes no han vivido este tipo de agresiones.
Adicionalmente, el personal de primera línea registró afecciones crónicas como depresión, ansiedad, baja autoestima, trastornos del sueño y problemas de conducta alimentaria.
A nivel institucional, los procesos de revelación y denuncia formal muestran porcentajes mínimos. El 32% de las víctimas no habló con nadie sobre lo sucedido debido principalmente a sentimientos de vergüenza o al desconocimiento de los canales de apoyo. Las denuncias formales ante la policía se presentaron en menos del 1% de los incidentes.
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Las sobrevivientes informaron que las fiscalías y juzgados operan con deficiencias normativas y una baja sensibilidad hacia el trauma. En las entrevistas cualitativas se documentaron casos de maltrato e invalidación. Una joven de 21 años describió su experiencia al ser forzada a exhibir las pruebas digitales ante las autoridades:
“El fiscal empezó de forma muy insistente y como muy asquerosa, a decirme que para hacer la denuncia tiene que ver mi contenido si no, no me podía atender. Y yo le digo así de: ‘No pues, o sea no podría venir aunque sea, una mujer, yo a ella si le podría mostrar, y se puede hasta verificar que soy yo’. Y él estaba muy insistente, muy insistente: ‘Pues yo no te voy a hacer tu denuncia si no me enseñas esas fotos y ese video’”, relató.
El marco procesal actual no obliga a concentrar las declaraciones de los menores en una sola entrevista forense grabada, lo que ocasiona que las víctimas deban repetir sus testimonios ante múltiples funcionarios.
De igual manera, las sobrevivientes que intentaron acceder al sistema de salud pública enfrentaron la saturación de los servicios psicológicos, lo que obligó al personal de primera línea a espaciar las sesiones terapéuticas o a remitir a las menores a grupos de apoyo diseñados exclusivamente para adultos por la escasez de espacios especializados para la infancia.
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El estudio reporta efectos graves en salud mental y muy baja tasa de denuncia. Foto: AFP
Diagnóstico del marco normativo y vacíos legales en 2026
El análisis jurídico del informe reconoce avances históricos en el Estado mexicano, tales como las reformas de la Ley Olimpia en 2021 —que incorporaron el concepto de violencia digital y tipificaron la violación a la intimidad sexual a nivel federal— y la abolición de la prescripción para delitos sexuales contra menores de edad aprobada en 2023.
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No obstante, el diagnóstico advierte que para el año 2026 subsisten vacíos legales significativos tanto en el Código Penal Federal como en las legislaciones locales.
Entre las conductas delictivas emergentes que carecen de una tipificación explícita, detalla el informe, se encuentra la extorsión sexual, que consiste en el chantaje mediante el uso de imágenes íntimas de la víctima para exigir dinero o actos sexuales.
Esta omisión obliga a los ministerios públicos a reclasificar los casos bajo tipos penales tradicionales como corrupción de menores o violación a la intimidad sexual, lo cual dificulta la acreditación de los elementos del delito y obstaculiza la generación de estadísticas precisas sobre la dimensión digital de la violencia.
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La legislación federal presenta limitaciones en la definición de materiales de abuso sexual infantil, ya que mantiene el término obsoleto de “pornografía con menores de 18 años” y no abarca explícitamente los contenidos creados digitalmente mediante herramientas de inteligencia artificial, ni las imágenes realistas de menores inexistentes.
Asimismo, las retransmisiones en directo de abusos sexuales en la red solo se castigan si quedan registradas en formato de archivos de datos, lo que excluye y deja en la impunidad las transmisiones en tiempo real que no son grabadas o almacenadas.
El informe señala también que las plataformas en línea y los proveedores de servicios electrónicos operan bajo un esquema de responsabilidad jurídica limitada en la legislación federal mexicana.
En la actualidad, se indica en el documento, las normativas de conservación de datos de usuarios hasta por dos años solo aplican a los proveedores de telecomunicaciones tradicionales, reduciendo la capacidad de las autoridades para investigar actividades ilícitas en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.
Las plataformas digitales no cuentan con incentivos jurídicos para detectar y eliminar proactivamente el material de abuso sexual, actuando de forma reactiva únicamente ante órdenes judiciales o denuncias específicas de los usuarios.
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