Fiscales y expertos en derecho advirtieron ayer a los padres de la importancia de que controlen las redes sociales y los móviles de sus hijos menores de 14 años para evitar que actúen como acosadores o como víctimas de ese tipo de situaciones y que a partir de esa edad, pacten con ellos ese tipo de vigilancia.
La Asociación Stop Violencia de Género Digital desarrolló en Bilbao el I Congreso Nacional de Violencia Digital de Menores, donde la fiscal de Delitos Informáticos de Bizkaia, Arantza López, destacó el papel de la familia en la prevención de situaciones en que los menores pueden ser víctimas o convertirse en infractores, sin ser realmente conscientes de lo que hacen.
Las nuevas tecnologías nos han facilitado la vida pero han multiplicado los casos y la trascendencia de la situaciones de acoso o de amenazas entre jóvenes. “Los menores están normalizando e interiorizando conductas delictivas, sin darse cuenta de que lo que hacen es delictivo, punible penalmente y genera consecuencias”, avisó.
Las conductas delictivas que se producen en Internet son las mismas de siempre -amenazas, coacciones, acoso, delitos contra la intimidad, pornografía infantil, prostitución de menores...-, por lo que no hace falta cambiar el Código Penal para combatirlas, pero los padres deben dar a sus hijos las herramientas adecuadas para que se muevan por las redes de manera segura y para ello “se deben de valer de su experiencia como adultos en ese mundo”.
Cuando este tipo de situaciones llegan al ámbito judicial es porque ha fallado la prevención de padres y de centros educativos y además, “es un error pensar que el mundo judicial puede educar o prevenir ese tipo de situaciones” de acoso empleando nuevas tecnologías.
“Hay que repetir a los menores que no está guay subir a Instagram una foto de sus senos para tener 300.000 seguidores”, aconsejó, al tiempo que añadió que el 30% de los adolescentes han reconocido subir fotos íntimas a la red.
Para describir la envergadura y el alcance del problema, la fiscal explicó que hace pocos años le llegaban casos de acoso escolar entre menores en torno a los 14 años, pero ahora hay, por ejemplo, niños de 9 años que participan en páginas de contactos para adultos, en situación de “absoluta vulnerabilidad”.
En 2016, según la memoria de la Fiscalía, en el Estado se investigaron 93 asuntos y en 2017 fueron 194 casos, si bien esos datos son “la punta del iceberg” del problema.
FORMAR A LAS FAMILIASLos expertos que intervinieron en la conferencia aconsejaron a las instituciones “que se tomen en serio la necesidad de formar a padres y a profesores en esta materia, porque la prevención en la única manera de atajar este problema”, al tiempo que reclamaron más medios para poder investigar esos casos, como por ejemplo autorizaciones para que la Fiscalía entre en comunicaciones personales en la persecución del delito y la coordinación internacional porque los delincuentes pueden haber contactado con víctimas de otros países.
El fiscal de Delitos Informáticos de Gipuzkoa, Jorge Armando Bermúdez, advirtió de que los jóvenes no son conscientes de las consecuencias del acoso a través de las redes en otras personas, lo que denominó como el “síndrome de trivialización” de la pantalla, que les dificulta la empatía con la otra persona porque no observa directamente las reacciones de la víctima.
La fiscal de Menores de Bilbao, Mónica Arias, afirmó que en la mayor parte de este tipo de casos que se denuncian, si la infracción es menor, se busca una reconciliación con la víctima y que el infractor le pida perdón, y por ello sólo unos pocos casos de acoso llegan a los tribunales, donde se evaluarán los efectos psicológicos que esa actuación ha tenido en la víctima.
Los expertos avisaron además de que los padres son responsables civiles de esas actuaciones y deberán asumir, por ejemplo, indemnizaciones para resarcir los daños y perjuicios morales ocasionados a una víctima de acoso en la red.
El abogado Sergio Gómez insistió en la relevancia en que los padres asuman la responsabilidad sobre los dispositivos que facilitan a sus hijos y que, de manera consensuada con ellos, los inspeccionen en cualquier momento. - Efe
