Se lo conoce técnicamente como “grooming” y es la modalidad de acoso sexual a menores más extendida en internet. El acosador, un adulto, ingresa a redes sociales o chats de adolescentes para establecer contacto con alguno de ellos haciéndose pasar por un par. Y una vez que ha ganado su confianza, manipula al menor para que acceda a juegos que comprometen cada vez más su intimidad. Puede que busque empujarlo a sacarse fotos desnudo o tocarse frente a una cámara web; cualquiera sea el caso, esta práctica -que a veces deriva en abusos físicos- hoy no constituye en sí misma un delito en nuestro país.
Si bien siempre ha habido adultos que han intentado seducir a menores, el anonimato y la masividad de internet no sólo facilitan hoy esta conducta sino que hacen que resulte muy difícil de detectar
A falta de una ley que castigue al ciberacoso sexual, en los últimos años se presentaron en el Congreso varios proyectos y uno de ellos obtuvo ya media sanción. Pero pese a ser una iniciativa muy esperada, su planteo desató una fuerte oposición en algunos sectores de nuestra sociedad. Tanto es así que diversas organizaciones de derechos civiles y usuarios de internet consideran que seguir avanzando con ella sería un error.
El proyecto en cuestión, que lleva la firma de la senadora María de los Ángeles Higonet (PJ-La Pampa), propone incorporar al Código Penal el delito de grooming a fin de que se castigue con hasta cuatro años de prisión a quien “ por medio de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología, contactare a un menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual”.
Tras haber sido aprobado en la Cámara de Senadores sin mayor discusión previa y por unanimidad, el proyecto de ley anti-grooming se ha convertido ahora en blanco de serios cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil. Durante una audiencia pública realizada el jueves pasado en el Congreso, algunas de ellas no dudaron en calificarlo como peligroso e ineficaz. Y las mismas críticas se han venido multiplicando desde entonces por las redes sociales entre usuarios de internet.
Lo que se le cuestiona básicamente al proyecto es que al tipificar al grooming como el contacto con menores “con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual”, lo que se estaría castigando es la intención, algo muy difícil de determinar. Lo cierto es que mientras se extiende la discusión sobre cómo debería tipificarse este nuevo tipo de abuso infantil, otros sectores de la sociedad advierten que sigue creciendo en medio del vacío legal.
ANONIMATO Y MASIVIDAD
“El problema es que acoso a menores por internet sigue creciendo y hasta ahora no se dispone de herramientas para castigarlo. Sucede que la Ley de Delitos Informáticos no considera al grooming como tal porque lo toma como preparatorio de otro delito. Pero el hecho de que el adulto no alcance a sacarle al menor una foto desnudo o no consiga manipularlo para que se preste a un juego sexual no significa que el abuso no haya existido o no deje secuelas psicológicas en él”, señala Fernanda Antonijevic.
Diputada provincial por el FAP y autora de una de la primeras iniciativas legislativas contra el grooming en nuestro país, Antonijevic propuso que la practica fuera castigada en territorio bonaerense como una falta y tuviera una sanción similar a la prevista para quienes facilitan la prostitución. Si bien se trata de apenas una multa, “la idea era instalar al menos una herramienta preventiva hasta que el Congreso se ocupara del tema e incorporara la figura en el Código Penal”, cuenta la legislador al explicar su preocupación.
Y es que si bien siempre ha habido adultos que han intentado seducir a menores de un modo no violento, el anonimato y la masividad de internet no sólo facilitan hoy esta conducta sino que hacen que resulte muy difícil de detectar. “Si no se toman los recaudos necesarios, hoy cualquier acosador de menores puede meterse fácilmente en su hogar”, advierten las organizaciones que combaten la pedofilia en la web.
Alerta Vida, una de esas organizaciones con sede en Argentina, sostiene que existen en nuestro país por lo menos cien mil cuentas de Facebook de pedófilos que buscan menores en la red con total impunidad. “El año pasado denunciamos a 2.200 pedófilos y sabemos que el 70 por ciento de los menores que utilizan las redes sociales padeció algún tipo de acoso sexual por parte de adultos”, afirma María Holway, la titular de esa entidad.
Para medir el impacto del fenómeno a nivel local, Chicos.net, una asociación civil que promueve el uso responsable de las tecnologías de la comunicación, encargó en 2011 un estudio sobre el uso que hacen los niños y adolescentes de internet. El trabajo puso en evidencia que el 14% de los menores consultados reconocía haber sufrido alguna “experiencia desagradable” al relacionarse con otros en la Red, como el hecho de haber llegado a tener encuentros cara a cara con personas que les habían dado datos falsos; que les hubieran mostrado desnudos y que les propusieran mantener relaciones sexuales, entre otras situaciones.
CUESTIONAMIENTOS
Lo cierto es que sin dejar de reconocer la amenaza e incluso a favor de una ley que castigue penalmente al grooming, algunas organizaciones por los derechos civiles y usuarios de internet consideran que seguir adelante con el actual proyecto de ley constituiría un enorme error. “Pese a las buenas intenciones del proyecto, una ley de esta naturaleza establece un marco legislativo ineficaz para proteger a los menores en Argentina y pone en riesgo derechos civiles en el entorno de Internet”, sostiene Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre.
En su opinión, “penar el mero contacto con una difusa figura de intención va contra los principios y garantías de nuestro sistema legal”. Pero además “resulta ineficaz porque la intención es un elemento subjetivo de difícil determinación. Si un adulto contacta a un menor, ¿cómo probar sus intenciones?”, plantea Busaniche.
Desde Argentina Cibersegura, una de las organizaciones que impulsan el proyecto, aseguran que no es su intención “que se tipifique la sospecha de que un adulto podría querer hacer algo”. “Queremos que se tipifiquen los casos donde hay evidencia de actos y hechos concretos de que un adulto intentó generar en el niño actividades que ningún padre querría que haga a esa edad con un desconocido a través de internet”, explican.
Con todo, no es ése el único aspecto que se le cuestiona a la iniciativa. “El proyecto fija la misma pena para quien contacta al menor que para quien efectivamente concreta el abuso, perdiendo toda escala y coherencia. Una vez que el menor ha sido contactado, da lo mismo seguir adelante y abusarlo, pues la pena es la misma”, explica Busaniche.
“Otra vaguedad insostenible -agrega la integrante de Vía Libre- es que tampoco estipula la edad del menor que pueda ser víctima de acoso. La figura aplica a todo menor de edad, sin contemplar que muchos delitos vinculados a la integridad sexual distinguen necesariamente la edad de la víctima. No se legisla de igual modo en casos de menores de 13 años, donde jamás se considera posible el consentimiento, que en un adolescente próximo a alcanzar la mayoría de edad”.
Frente a la críticas y cuestionamientos que recibió el proyecto durante la audiencia pública del jueves pasado, la Cámara de Diputados le introduciría algunas modificaciones antes de llevarlo a votación. El hecho es que en tal caso volvería luego Senado, que tanto podría aceptar los cambios como terminar aprobando el proyecto original.
