Con el aumento al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el abuso, explotación y violencia sexual infantil han aumentado en todos los países de la región de manera paralela. Internet es una herramienta fundamental para el desarrollo humano; sin embargo, su uso inadecuado puede ser un instrumento para que se cometan más violaciones y amenazas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
El abuso de menores desde el internet es un delito muy oculto en la mayoría de países del mundo; esto se debe a que es muy difícil determinar un patrón de niños vulnerables o de las formas en las que operan los abusadores en línea.
LA PRENSA GRÁFICA entrevistó al coordinador global del Programa Cibercrimen de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Neil Walsh, quien detalló que la premisa clave del abuso y la explotación sexual infantil en línea es que la relación se basa en la deshonestidad y la invisibilidad; los niños comienzan jugando con otros niños, pero hay comportamientos que usan y explotan los abusadores sexuales que empiezan a entender quién es su víctima potencial para crear esa relación, poder involucrarse y con el tiempo empiezan a controlarlos.
“Tenemos un problema en Centroamérica y México: no tenemos legislación que regule muchas de las conductas (seducción de menores de edad por uso de tecnologías, sexting y extorsiones) que no se encuentran reguladas en las legislaciones. Solo Costa Rica y República Dominicana regulan algunas”, dijo Pilar Ramírez, asesora legal y coordinadora de proyectos para Latinoamérica y el Caribe del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC).
El Salvador tiene un marco normativo general de protección a la niñez y adolescencia frente al abuso y la explotación sexual en línea: la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), el Código Penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial contra la Trata de Personas y otros tratados internacionales suscritos.
Incluso, el 5 de febrero se aprobó el Decreto Legislativo de Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos, la cual incluye un capítulo de delitos informáticos contra niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad, el cual aún no está vigente.
Deficiencias
Pese a la aprobación del decreto, en El Salvador todavía hay deficiencia de métodos y figuras legales para proteger a la niñez y adolescencia conectada a internet, en eso coinciden los especialistas quienes cuestionan políticas mayormente definidas para afrontar estos casos, ante los vacíos que pueda enfrentar la legislación.
La falta de conocimiento de conductas, de herramientas de prevención, atención e investigación relacionadas al material con contenido de abuso sexual infantil ha hecho que muchos de los casos que son denunciados a los operadores de protección integral y a las autoridades queden en la impunidad.
Walsh detalló que no hay características de las víctimas de abuso y explotación sexual en línea: cualquier menor de edad puede convertirse en víctima, ya que no tiene que ver con su condición económica, ni su educación. Tampoco el coordinador global, en sus 15 años de trabajo, ha visto nada que indique que la violencia en la sociedad crea más riesgo para la explotación en línea.
“Antes nos dedicábamos a buscar más agresores, pero con la explotación sexual en niños tenemos más impacto encontrando a las víctimas, porque desde ellos con esfuerzo podemos identificar algo que nos lleve al agresor (...) porque si se busca al agresor, no encontraremos a todas las víctimas. Eso requiere un enfoque tecnológico, pero también otros tipos como trabajar con las víctimas cuando ya han sido identificadas, cuidar su bienestar físico (que estén seguros) y que no las vuelvan a abusar”, explicó Walsh.
La Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Policía Nacional Civil (PNC) registró, entre 2011 y 2015, 149 casos cometidos contra niñas, niños y adolescentes (NNA) —la mayoría relacionada con pornografía, agresión sexual agravada y violación— por lo que se considera un problema creciente que llama a implementar de manera urgente medidas de prevención y protección a NNA y activar la persecución penal y protección a víctimas.
Para Nadine Perrault, representante de UNICEF en El Salvador, el problema es un todo: “La violencia en línea es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. No podemos dividir este tipo de violencia que se hace en casa con las TIC, con la violencia que se hace con armas en la calle. Hablamos de violencia contra los niños de manera directa e indirecta”.
El jefe de la Unidad de Análisis del Comportamiento de la U. S. Marshals Services, Michael L. Bourke, trabaja en identificar, ubicar y arrestar a agresores sexuales no registrados. El estadounidense dijo que no confirma que no hay un perfil específico de un agresor sexual, porque son hombres o mujeres que están en toda la sociedad: algunos son adinerados, otros son pobres, de cualquier raza, profesión, de cualquier edad.
“Una forma de verlos no es tanto por datos demográficos, sino por su camino motivacional; la diferencia entre esos hombres y mujeres es lo que los motiva a cometer esos crímenes. Lo más común es una motivación como pedófilo contra un menor de edad, porque tiene un interés sexual; otro, puede ser un psicópata, un sadista o un indiscriminado hedonista”, comentó miembro de la U. S. Marshals Services.
Bourke brindó en el país una charla sobre el perfil del agresor sexual, concientizando y explicando la mentalidad de un agresor sexual: cómo piensan, cómo progresan. Otros brindaron capacitaciones en cuanto a los aspectos tecnológicos y recursos disponibles en diferentes agencias que pueden ser usados para ayudar en lo que podría volverse una investigación bastante compleja.
El Salvador, desde 2013, se cuenta con la unidad de Investigación de Delitos Informáticos, en la dirección de Investigaciones de la PNC. Desde su creación, UNODC le ha apoyado con capacitaciones, equipamientos y misiones en el extranjero para que aprendan buenas prácticas.
Desde 2015, en conjunto con la Asociación Nacional de Seguridad Pública (ANSP) ha desarrollado cursos de capacitación en investigación básica de delitos informáticos para delegaciones de investigaciones (en un primer momento) de la zona metropolitana y central de El Salvador. Este año se estarán llevando a la región oriental y occidental las capacitaciones.